Hace cuatro años la población tunecina protagonizó una revolución popular en el curso de la cual el presidente Ben Ali fue derrocado. Este acontecimiento inesperado tuvo efectos inmediatos en una parte significativa del mundo árabe, donde se registraron diversas réplicas en forma de movilizaciones antiautoritarias. En algunos casos se registraron tímidos procesos de apertura democrática, pero en otros se asistió a una peligrosa espiral de violencia que todavía no ha tocado fondo.
Transcurrido un tiempo razonable disponemos de la suficiente perspectiva para concluir que las expectativas que generó la primavera árabe se han visto defraudadas. Si bien es cierto que algunos países han emprendido una relativamente exitosa transición del autoritarismo hacia la democracia, como es el caso de Túnez (donde se ha registrado una transferencia pacífica de poder), lo cierto es que la trayectoria del resto es cuanto menos preocupante.
Transcurrido un tiempo razonable disponemos de la suficiente perspectiva para concluir que las expectativas que generó la primavera árabe se han visto defraudadas. Si bien es cierto que algunos países han emprendido una relativamente exitosa transición del autoritarismo hacia la democracia, como es el caso de Túnez (donde se ha registrado una transferencia pacífica de poder), lo cierto es que la trayectoria del resto es cuanto menos preocupante.
Algunos han optado por una vuelta de tuerca autoritaria (como en Egipto, donde un golpe militar desalojó a los Hermanos Musulmanes del poder) y otros están inmersos en conflictos por la repartición del poder ante la descomposición estatal (como Libia o Yemen) o, peor aún, se han enzarzado en guerras civiles con tintes sectarios (casos de Irak en el pasado y de Siria en la actualidad).
En estos últimos casos, ya no se cumple la máxima weberiana de que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, puesto que un amplio abanico de actores no estatales se lo disputan (milicias armadas y grupos yihadistas como el Estado Islámico, el Frente Al Nusra, Ansar Al Sharía, Ansar Bait Al Maqdis, todos ellos en la órbita de Al Qaeda). Por tanto, hemos pasado de lo malo conocido (los regímenes autoritarios) a lo peor por conocer (grupúsculos yihadistas que pretenden redibujar las fronteras regionales y reinstaurar un califato islámico por la fuerza de las armas).
En estos últimos casos, ya no se cumple la máxima weberiana de que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, puesto que un amplio abanico de actores no estatales se lo disputan (milicias armadas y grupos yihadistas como el Estado Islámico, el Frente Al Nusra, Ansar Al Sharía, Ansar Bait Al Maqdis, todos ellos en la órbita de Al Qaeda). Por tanto, hemos pasado de lo malo conocido (los regímenes autoritarios) a lo peor por conocer (grupúsculos yihadistas que pretenden redibujar las fronteras regionales y reinstaurar un califato islámico por la fuerza de las armas).
Una de las claves para entender el meteórico ascenso de dichos grupos es la exacerbación de las tensiones sectarias en Oriente Medio, resultado directo de la lucha por la supremacía regional que libran entre bastidores Arabia Saudí e Irán, una guerra fría que ha contaminado a Siria, Irak, Baréin y Yemen (todos ellos con importantes concentraciones de población chií). El hecho de que sean precisamente Arabia Saudí e Irán quienes pretendan convertirse en referentes para los países de la región debería encender todas las alarmas, ya que son dos teocracias que violan sistemáticamente los derechos humanos más elementales y persiguen las libertades públicas, donde la igualdad de género es una quimera y donde todo aquel que eleva la voz o disiente es perseguido de manera brutal.
La primavera árabe fue una reacción popular ante los reiterados abusos de los regímenes autoritarios. A pesar de las diferencias existentes entre los países árabes, la mayoría de ellos se caracterizan por un déficit de libertades (expresión, reunión o asociación), una sistemática violación de los derechos humanos (falta de rendición de cuentas e impunidad), una legislación restrictiva (que impide o dificulta la formación de asociaciones y partidos políticos), una patente desigualdad de género (fruto del contexto religioso, pero también de los valores patriarcales imperantes) y leyes de emergencia o antiterroristas establecidas con el pretexto de combatir las amenazas externas (casos de Egipto, Argelia, Siria y Arabia Saudí).
Cuatro años después de la primavera árabe no existen demasiadas razones para el optimismo. En Egipto se ha experimentado un retroceso generalizado de las libertades desde la llegada a la presidencia de Al Sisi. En primer lugar, los Hermanos Musulmanes, la formación que se impuso en las elecciones legislativas de 2011 y presidenciales de 2012, han sido desalojados del poder e ilegalizados bajo la acusación de haberse convertido en un grupo terrorista, equiparándole, nada más y nada menos, con Al Qaeda. Veinte mil de sus simpatizantes y dirigentes han sido encarcelados y varios cientos de ellos ya han sido condenados a muerte, entre ellos sus máximos responsables. En segundo lugar, se ha aprobado una Ley Antiprotestas para impedir que vuelvan a repetirse las multitudinarias manifestaciones de la plaza de Tahrir y 23 activistas, entre ellos conocidos blogueros y activistas del Movimiento de Jóvenes 6 de Abril, han sido condenados a elevadas penas de
prisión por cuestionarla. Por último, el Ministerio de Asuntos Sociales y Justicia ha dado un ultimátum a todas las asociaciones a que se registren conforme a la muy restrictiva Ley de 84/2002, que permite a las autoridades disolver las asociaciones, bloquear sus fondos e, incluso, encarcelar a sus responsables si representan una amenaza para la seguridad nacional.
prisión por cuestionarla. Por último, el Ministerio de Asuntos Sociales y Justicia ha dado un ultimátum a todas las asociaciones a que se registren conforme a la muy restrictiva Ley de 84/2002, que permite a las autoridades disolver las asociaciones, bloquear sus fondos e, incluso, encarcelar a sus responsables si representan una amenaza para la seguridad nacional.
En el caso de Siria e Irak nos encontramos con dos regímenes sectarios que tratan de instrumentalizar la heterogeneidad religiosa en su propio beneficio. El conflicto civil que sufren ambos países ha provocado que diferentes grupos no estatales disputen al poder central el monopolio del uso legítimo de la violencia. Milicias armadas y grupos yihadistas se han apoderado de partes significativas del territorio, lo que en algunas zonas implica la imposición de una retrógrada interpretación de la ley islámica o sharía y, en ocasiones, la persecución de las minorías religiosas. Cinco millones de iraquíes se vieron obligados a abandonar sus hogares en la pasada década como consecuencia de la guerra sectaria librada entre diferentes milicias armadas sunníes y chiíes. Esta cifra se ha superado ampliamente en Siria, donde nueve millones de personas, casi la mitad de la población, se han convertido en refugiados o desplazados internos.
En Irak, los secuestros, extorsiones y ejecuciones por parte de las milicias armadas, que muchas veces actúan en convivencia con el poder central, son el pan de cada día.
En Siria, el régimen y algunas milicias armadas practican a diario crímenes de guerra y de lesa humanidad y la guerra ya ha costado la vida a 225.000 personas.
La irrupción del Estado Islámico (Daesh) supone un nuevo factor desestabilizador. Dicho grupo, que controla ocho provincias sirias e iraquíes y que gobierna a cinco millones de personas, pretende restaurar un califato islámico. Sus prácticas comprenden flagelaciones, amputaciones, crucifixiones, torturas y ejecuciones sumarias. No sólo se aplican a sus enemigos, sino también a quienes beben alcohol, cometen adulterio o roban. El Estado Islámico ha situado en el punto de mira a las minorías confesionales con la deportación de cristianos y la eliminación de los yazidíes, pero también a los propios musulmanes, puesto que tachan de apóstatas a los chiíes y a todos aquellos que se atreven a cuestionar su delirante interpretación del islam. En este sentido merece recordarse que en los últimos meses se han perpetrado masacres entre varias tribus sunníes que se alzaron contra ellos y ejecutado a diversos ulemas que se resistieron a jurarles obediencia.
La irrupción del Estado Islámico (Daesh) supone un nuevo factor desestabilizador. Dicho grupo, que controla ocho provincias sirias e iraquíes y que gobierna a cinco millones de personas, pretende restaurar un califato islámico. Sus prácticas comprenden flagelaciones, amputaciones, crucifixiones, torturas y ejecuciones sumarias. No sólo se aplican a sus enemigos, sino también a quienes beben alcohol, cometen adulterio o roban. El Estado Islámico ha situado en el punto de mira a las minorías confesionales con la deportación de cristianos y la eliminación de los yazidíes, pero también a los propios musulmanes, puesto que tachan de apóstatas a los chiíes y a todos aquellos que se atreven a cuestionar su delirante interpretación del islam. En este sentido merece recordarse que en los últimos meses se han perpetrado masacres entre varias tribus sunníes que se alzaron contra ellos y ejecutado a diversos ulemas que se resistieron a jurarles obediencia.
Yemen y Libia, otros dos países donde la primavera árabe prendió y sus dirigentes fueron desalojados del poder, se han adentrado en una peligrosa huida hacia ninguna parte como resultado de la descomposición del poder central.
Yemen se enfrenta a una revuelta protagonizada por los huzíes del norte que se han apoderado de la capital Saná, mientras que Libia dispone de dos Gobiernos —uno en Trípoli y otro en Tobruz— que se disputan el poder. En ambos países, las milicias armadas imponen su ley y Al Qaeda goza de significativas bolsas de apoyo. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado masacres de civiles, así como secuestros, torturas y ejecuciones de rivales políticos, muchas veces basados en criterios tribales o sectarios, crímenes que quedan impunes ante la creciente anarquía.
Yemen se enfrenta a una revuelta protagonizada por los huzíes del norte que se han apoderado de la capital Saná, mientras que Libia dispone de dos Gobiernos —uno en Trípoli y otro en Tobruz— que se disputan el poder. En ambos países, las milicias armadas imponen su ley y Al Qaeda goza de significativas bolsas de apoyo. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado masacres de civiles, así como secuestros, torturas y ejecuciones de rivales políticos, muchas veces basados en criterios tribales o sectarios, crímenes que quedan impunes ante la creciente anarquía.
Si bien es cierto que este diagnóstico puede parecer excesivamente sombrío, también lo es que existe una profunda desafección hacia las élites dirigentes en el conjunto del mundo árabe que podría servir de detonante para nuevasmovilizaciones populares. No debe olvidarse que el pan, la libertad y la justicia social que demandaban los manifestantes hace cuatro años siguen siendo asignaturas pendientes que podrían traducirse en una segunda ola revolucionaria.
Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante.
EXTRAÍDO DE EL PAÍS: http://elpais.com/elpais/2014/12/16/opinion/1418754762_242091.html
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